Justo el día en que el tesorero del Partido Popular comparece ante un juez del Tribunal Supremo para dar cuenta de sus conexiones con la trama Gürtel y el Comité de Redacción del diario El País tiene que salir en defensa del “derecho a dar y recibir información veraz” consagrado por la Constitución, el diario El Mundo publica una primera página en la que titula “La foto de la vergüenza” justo debajo de la imagen del encuentro en Gibraltar del ministro Miguel Ángel Moratinos con los representantes británicos.
Es oportuno, por tanto, mostrar la verdadera fotografía de la vergüenza, así como conocer qué opinan sobre la libertad de expresión los periodistas del periódico más leído de España y los dirigentes del principal partido de la oposición:
Comunicado del Comité de Redacción de El País (20-7-2009):
“El Comité de Redacción de EL PAÍS lamenta profundamente el comunicado difundido ayer por el Partido Popular. El principal partido de la oposición acusa al GRUPO PRISA de tratar de aniquilarle en una "campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en el que se utiliza de manera ilegítima los medios del Estado, y como instrumento de difusión, a un determinado medio de comunicación", en clara y directa referencia a EL PAÍS. Estas acusaciones se han producido a raíz de la información publicada el domingo sobre que El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel, afirmaba en una conversación grabada en enero por la policía que llevaba cuatro años regalando bolsos de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
El PP no sólo realiza esas acusaciones. Dice que no se ha respetado el derecho al honor, que es una de las obligaciones "de los medios de comunicación que respetan las reglas de la sociedad democrática". Incluso el PP añade que: "Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan, por propia decisión, al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológico de la profesión periodística".
El Comité considera especialmente grave esta acusación del PP sobre una información en la que, hasta en cuatro ocasiones (una de ellas en el subtítulo), se recogían los desmentidos de Barberá. Incluso uno de los apoyos de la información aborda explícitamente la posición de la alcaldesa. En referencia a la vulneración del derecho al honor y al secreto de sumario, el Comité recuerda que es hoy doctrina constitucionalmente consolidada que la libertad de información, definida en su doble vertiente de "derecho a dar y recibir información veraz", ocupa una posición prevalente dentro del conjunto de derechos y libertades que define la Constitución de 1978. En este sentido existen sentencias del Tribunal Constitucional en las que se establece que las informaciones que persiguen la veracidad, se refieren a asuntos de carácter público y tienen interés general, prevalecen sobre el derecho al honor y al secreto de sumario. Entre otras sentencias están las de 16 de marzo de 1981; 31 de marzo de 1982; 12 de diciembre de 1986; 27 de octubre de 1987; 21 de enero de 1988 y 30 de noviembre de 1999. El Comité considera que la información del domingo cumplía estas condiciones ya que estaba basada en grabaciones policiales autorizadas por el juez.
Rita Barberá ha anunciado que emprenderá "acciones judiciales por calumnia con publicidad contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del grupo Prisa, a raíz de la violación del deber del secreto". Por supuesto, Barberá está en su derecho, aunque sorprende que considere que el responsable de la calumnia es el periódico y no Álvaro Pérez, alias El Bigotes, que ha sido quién ha declarado que le regalaba bolsos. Hasta el momento, no ha anunciado ninguna actuación contra él. También llama la atención que, en la rueda de prensa de esta mañana no desmintiera haber recibido los bolsos y que su respuesta ante esta situación haya sido decir que "todos los políticos reciben regalos".
El Comité de Redacción condena el tratamiento que Barberá ha tenido con nuestra compañera de Valencia en la citada rueda de prensa. En primer lugar se ha negado a responder a sus preguntas y posteriormente ha dicho: "No tengo que hablar nada con su periódico más que en los tribunales". No creemos que ésta sea la actitud más adecuada de una dirigente democrática ante los medios de comunicación.
Nuestra responsabilidad es simple y llanamente contar a nuestros lectores los hechos de los que ciertos mandatarios son acusados. Con rigor e independencia. El mismo rigor e independencia que hemos demostramos a lo largo de más de 30 años. Ésta y no otras consideraciones son las únicas que la Redacción de este periódico valora a la hora de elaborar sus informaciones.
Por nuestra parte, no podemos más que lamentar que el principal partido de la oposición no esté a la altura de las circunstancias y mucho menos del periodismo que se ejerce en nuestro país. Reiteramos de nuevo la defensa y el apoyo a nuestros compañeros y respaldamos la valentía con la que la Redacción y la dirección de EL PAÍS llevan a cabo estas investigaciones”.
Comunicado del Partido Popular (19-7-2009):
El Partido Popular denuncia que, con ocasión de las investigaciones judiciales del llamado “caso Gürtel”, está siendo objeto de una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación.
1. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia, vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial y que, sin formar parte en algunos casos de las actuaciones sumariales, se utilizan ilegítimamente para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas.
2. En un Estado democrático de Derecho el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones, son derechos fundamentales, que están obligados a respetar, de manera especialmente cuidadosa, los servidores públicos y, en concreto, el Ministerio del Interior y la Policía Judicial de él dependiente, y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática.
3. Por eso resulta especialmente intolerable y una gravísima conculcación que el Ministerio del Interior, que ha de velar por la libertad y la seguridad de todos los españoles con independencia de su ideología, sea quién esté inmerso en casos tan flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado Derecho.
4. El Partido Popular recuerda que estas conductas no son irrelevantes ni penal, ni políticamente, sino que, por el contrario, son constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas. Asimismo, manifiesta que la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos.
5. Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan, por propia decisión, al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística.
6. La actitud del Gobierno de la Nación, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial.
7. El Partido Popular quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la Oposición usando para ello los instrumentos del Estado.
En consecuencia, el Partido Popular anuncia que:
1. Defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso.
2. Reclama de todas las instituciones públicas y sociales y en especial del Poder Judicial, la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima los medios del Estado de Derecho.
3. Anuncia que exige la comparencia conjunta y urgente de los Ministros de Interior y de Justicia para que den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de Policía Judicial, en particular de las intervenciones telefónicas, así como de las responsabilidades derivadas por el quebrantamiento del deber de custodia y secreto que dichas filtraciones supone.
4. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir acciones judiciales por calumnia con publicidad contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo Prisa, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan solo a disposición de la Policía Judicial. El Partido Popular apoya de forma unánime y rotunda estas acciones”.
