Como no podía ser de otro modo, dado que se trata de una propuesta de su Gobierno, el PSOE se declarará hoy a favor del nuevo acuerdo de financiación autonómica en la reunión de su Consejo Territorial, el órgano federal encargado de evaluar las políticas que afectan a las relaciones entre las Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado.
El Consejo Territorial lo forman el secretario general (José Luis Rodríguez Zapatero), el vicesecretario general (José Blanco), la secretaria de Organización (Leire Pajín), la secretaria de Política Institucional y Autonómica (Mar Moreno), el Secretario General de JSE (Sergio Gutiérrez), el máximo representante socialista en la FEMP (Pedro Castro) y los portavoces en el Congreso (José Antonio Alonso), el Senado (Carmela Silva) y el Parlamento Europeo (Juan Fernando López Aguilar), además de todos los secretarios generales de las Federaciones regionales y los presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE. Desde la última reunión, su coordinador es José María Barreda, secretario general del PSCM-PSOE y presidente de Castilla-La Mancha.
A la cita de hoy han sido invitados también los tres vicepresidentes del Gobierno (María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves), el Secretario de Economía y Empleo (Octavio Granado) y la directora de la Oficina de Política Autonómica (Eva Almunia), órgano de reciente creación.
Aunque no es nuevo lo de que “se gobierna desde La Moncloa y no desde Ferraz” y un secretario general socialista que es presidente del Gobierno tiene autoridad para decidir sobre esta cuestión, lo conveniente habría sido que el partido hubiera decidido primero su posición y que, sólo después, el Gobierno hubiera tratado de cumplir con lo ordenado por la organización, porque de este modo el PSOE queda únicamente para aprobar lo que decide el Gobierno, cuando debe ser al contrario. En ese sentido, nadie entendería que el programa electoral del PSOE, en vez de decidirlo el partido, lo decidiera el Gobierno, porque en este tema no parece haber hoy divergencias, pero en el futuro pudiera haberlas con otras cuestiones.
En todo caso, esta fórmula parece mejor que la que se siguió en 2003 con la Declaración de Santillana del Mar, cuando el Consejo Territorial aprobó una resolución (que obligaba a acometer las reformas estatutarias con un “amplio consenso social y político, toda vez que el proceso de aprobación exige mayorías cualificadas tanto en los Parlamentos autonómicos que representan a los distintos pueblos de España como en las Cortes Generales que representan al conjunto del pueblo español”) que, apenas unos meses después, no fue respetada por la decisión de Pasqual Maragall de proponer un Estatuto de Autonomía de Cataluña de forma unilateral.
La “Propuesta de resolución sobre el nuevo modelo de financiación autonómica”, que aprobará hoy el Consejo Territorial del PSOE, dice lo siguiente:
“La Constitución garantiza que las Comunidades Autónomas dispondrán de los recursos financieros necesarios para que puedan prestar adecuadamente los servicios públicos por ellas asumidos. Por ello, el sistema de financiación es una pieza clave para el Estado de las Autonomías, como un Estado que garantiza a la vez la diversidad y la solidaridad, la autonomía y el autogobierno y la igualdad de los ciudadanos.
El modelo de financiación vigente, aprobado en 2001 con el Gobierno del Partido Popular, lleva años produciendo graves desigualdades entre todas las Comunidades Autónomas. No en vano ha sido rechazado por todas ellas, al ser un modelo insensible al aumento de la población y a los problemas de los territorios menos dinámicos demográficamente.
Ya en 2004 los socialistas denunciamos en nuestro programa electoral las deficiencias del modelo, así como la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema que tuviera como principios básicos la suficiencia y garantía de la prestación de los servicios, la solidaridad y reequilibrio territorial y la autonomía financiera.
Fiel a este compromiso electoral, el PSOE ha venido trabajando en una reforma profunda del sistema, que se ha materializado en un modelo de financiación con más recursos, que garantiza una financiación prioritaria, suficiente y solidaria de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y asegura la equidad en el disfrute de estos servicios para todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia.
Ninguna Comunidad ha defendido el modelo todavía vigente, ni ha solicitado mantenerse en el mismo. Tampoco se ha presentado a la propuesta del Gobierno una alternativa con dimensión global. Sólo críticas puntuales y contradictorias entre sí.
Todas las Comunidades Autónomas sin excepción mejoran con el nuevo sistema, porque aumentan sus recursos para los servicios y prestaciones a los ciudadanos. Es un modelo equitativo, flexible y dinámico que logra satisfacer las necesidades específicas de cada Comunidad, atendiendo a los incrementos de población experimentados por algunos territorios desde 1999, pero también a los problemas que adolecen otras Comunidades, como la dispersión, la baja densidad de población o el envejecimiento.
Además, el nuevo sistema reconoce a las Comunidades mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, y define una relación más eficiente en la gestión tributaria entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
Por primera vez el sistema toma como referencia para la financiación de los servicios públicos fundamentales la población de cada año, consiguiendo resolver uno de los problemas históricos de la financiación de las Comunidades Autónomas, el del desfase entre las necesidades sociales y los recursos que deben proveerlas.
El Gobierno socialista, con este nuevo modelo, refuerza el Estado del Bienestar en una situación de crisis económica. Las Comunidades Autónomas dispondrán de mayores recursos para atender las necesidades sociales e impulsar, a través de la mejora en la educación y la innovación, la salida de la crisis económica.
Con un sistema de financiación justo, que amplía la autonomía de las Comunidades, bien construido técnicamente, y que garantiza la equidad, podremos consolidar instrumentos de cooperación eficientes entre Estado y Comunidades Autónomas, que permitan que nuestro país utilice como punto de apoyo para la salida de la crisis las políticas educativas, de empleo, de bienestar social o de innovación acordadas entre el Estado y las Comunidades.
Los socialistas reafirmamos nuestro compromiso con la España plural que definió la Constitución de 1978. Seguiremos impulsando desde el Gobierno de España y desde las Comunidades Autónomas, a través de la cooperación y el entendimiento, la salida de la crisis, y el reforzamiento de las políticas sociales”.
