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ME SABE MAL, el blog de @Franesco

Cosas que interesan

UN SOCIALISTA PUEDE SER RICO

UN SOCIALISTA PUEDE SER RICO

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en una entrevista publicada ayer en el diario El Mundo, contestó a una interesante pregunta con una respuesta aún más interesante si cabe:

 

PERIODISTA: ¿Un socialista puede ser rico, o eso está reservado para la derecha?

 

LEIRE PAJÍN: Por supuesto que un socialista puede ser rico, si tiene un trabajo bien remunerado o tiene patrimonio... Ese es un tópico absurdo. El problema no es si uno es rico o es pobre. El problema es si uno es honrado y honesto o no. Y le puedo asegurar que los socialistas lo somos. Y si alguno que se haya colado en nuestras filas no lo fuera, se le expulsa inmediatamente. Esa es la gran diferencia con el PP.

 

Y asunto zanjado, que parece que todo hay que explicarlo.

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ZARRÍAS, DOS VECES FUSILADO

ZARRÍAS, DOS VECES FUSILADO

Por su interés, transcribo un artículo sobre el compañero y secretario de Estado Gaspar Zarrías, publicado hoy por Ramón Orozco en El País:

Zarrías, dos veces fusilado

En memoria de los 3.500 fusilados en Jaén, mi tierra.

Gaspar Zarrías Moya fue fusilado hace 70 años en la cárcel de Andújar. Su nieto Gaspar Zarrías Arévalo está siendo verbalmente fusilado ahora.

Los tiros vienen de la derecha. Apuntan y disparan sus máximos dirigentes: Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Javier Arenas, Esteban González Pons; a ellos se suman algunos subalternos: los diputados Rafael Merino, Cayetana Álvarez de Toledo.

Están irritados porque Gaspar Zarrías, el nieto, asistió la pasada semana a un emotivo acto celebrado en la Universidad de Madrid, en apoyo del juez Garzón.

"No debe seguir ni un minuto más" como secretario de Estado de Cooperación Territorial, clamaba Rajoy. Arenas iba más lejos: pidió el cese de Zarrías y de quien lo nombró, Manuel Chaves. Porque "cada vez que hay un acto abiertamente antidemocrático, aparecen Chaves y su hombre de confianza", Zarrías.

González Pons se queja de la "izquierda militante", que "excluye a la derecha de la vida intelectual, institucional y moral". Merino le llama "mitinero pancartero". Cayetana, en fin, le acusa de estar "lleno de los tintes más trasnochados y nostálgicos de una izquierda radical".

Gaspar Zarrías, nieto, contestó a este fuego cruzado con un escueto "asistí en calidad de ciudadano y militante del PSOE en un país libre".

Para quienes conocen la historia de este veterano militante socialista (se afilió a los 17 años), tenía otros muchos motivos para asistir a un acto en el que se defendió el derecho que asiste a los familiares de 114.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista a que se les haga justicia. De ellos, entre 22.000 y 33.000 son andaluces.

Una justicia que pretendía ejercer Garzón y que la extrema derecha, los falangistas, los hijos y herederos políticos de aquellos asesinos, con la ayuda inestimable de algunos magistrados, han frustrado.

El 28 de mayo de 1940, en la cárcel de Andújar caía acribillado Gaspar Zarrías Moya. Tenía 50 años, era un sencillo labrador nacido en Mengíbar. Su "delito": ser alcalde elegido democráticamente, durante la II República, de Cazalilla, una aldea a unos 30 kilómetros de Jaén. Gaspar había sido condenado a muerte, en juicio sumarísimo, el 12 de febrero, junto con su hijo Juan Zarrías Jareño.

A Juan le fue conmutada la pena de muerte por cadena perpetua. Se la rebajaron y salió de prisión en 1944. Su "delito": defender al gobierno constitucional. A los 17 años, se había alistado en el ejército republicano como voluntario.

Al salir de prisión, no se acobardó. Organizó a los socialistas de Jaén. Por ello, fue detenido de nuevo y condenado a otros 12 años de cárcel. Cumplió siete, en el penal de Yeserías, de Madrid. Cuando salió, en 1953, se casó con Juanita Arévalo, una joven a la que había conocido durante su encarcelamiento. Juanita iba a visitar a su padre, un dirigente del gremio de panaderos de la UGT, compañero de prisión de Juan. Dos años más tarde, en 1955, nacía Gaspar Zarrías Arévalo.

Hace unos días, al conmemorarse el 79 aniversario de la República, se recordó en Jaén a los 3.500 fusilados por los franquistas en la provincia durante los años de represión que siguieron a la contienda. Los vencedores aplicaron el llamado "didactismo mediante el terror". Sólo en la cárcel de Jaén, fueron ejecutados 1.280 hombres, de los que casi dos terceras partes eran jornaleros y campesinos, como el abuelo Gaspar.

Por ésta y otras muchas razones, Gaspar Zarrías asistió al acto de la Universidad madrileña. Un "espectáculo antidemocrático", para Arenas. Un acto de reafirmación de las libertades constitucionales, para muchos otros. Esas mismas libertades por las que tantos jienenses, tantos andaluces, tantos españoles, fueron fusilados.

Ahora, siguen disparando. Con palabras.

AGRAVIOS COMPARATIVOS EN FUNERALES

AGRAVIOS COMPARATIVOS EN FUNERALES

La desgraciada muerte en accidente de helicóptero de cuatro militares desplazados a Haití en misión humanitaria vuelve a poner de manifiesto el trato diferenciado que las autoridades de nuestro país conceden a los funcionarios públicos en función del ramo al que pertenezcan: mientras el funeral por estos compatriotas fallecidos en acto de servicio ha contado con la presencia de los Reyes de España, el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, la ministra de Defensa… e incluso el líder de la oposición (sic), funerales anteriores en recuerdo de otros servidores del Estado no dieron lugar a un despliegue semejante.

 

¿Por qué el trato es diferente cuando los muertos son militares? ¿A qué obedece este agravio comparativo? ¿Reminiscencias del pasado? ¿Temor al estrambótico artículo 8 de la Constitución que define como misión de las Fuerzas Armadas “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”?

 

Acaso (en función de la circunstancia), comprendería el trato diferenciado si nuestros cuatro compatriotas hubiesen muerto en combate en una operación aprobada por el parlamento, pero no cuando hablamos de un simple accidente de tráfico, en este caso de tráfico aéreo; lo entendería también, llegado el caso, si en vez de cuatro fallecidos hubiesen sido más de sesenta, como sucedió con el Yakolev, porque lo cuantitativo concede relevancia a cualquier hecho; pero en lo que tocante al referido accidente de Haití, no lo entiendo.

 

No es que me moleste que el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno quieran acompañar a nuestros militares, lo cual me parece muy bien, sino que considero destacable que no suceda lo mismo cuando hablamos de otros funcionarios. Porque si hay algo que no debemos nunca tolerar son los tratos discriminatorios, se trate del asunto que se trate.

 

En este sentido, el pasado verano murieron varios bomberos en un incendio en Horta de San Juan (Tarragona) y sus funerales contaron, por supuesto, con representación institucional, pero limitada a consellers y alcaldes de los municipios de residencia de los fallecidos. Y aún más evidente fue lo sucedido en 2005, cuando once miembros de un retén forestal murieron en el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) y el funeral no contó con la presencia de los Reyes ni del presidente del Gobierno, aunque sí con la de los Príncipes de Asturias, la vicepresidenta del Gobierno, el presidente de la Comunidad Autónoma y un par de ministros, incluyendo al de Defensa (entonces, José Bono) dada su vinculación con Castilla-La Mancha.

 

Habrá quien argumente que el Rey acude a los funerales de los militares como jefe de las Fuerzas Armadas que es, y que el presidente del Gobierno decide según los casos momento si es conveniente acompañarle, pero ¿alguna norma, siquiera protocolaria, puede obligar a que las dos máximas autoridades del país asistan a un funeral de militares y no lo hagan cuando los fallecidos son otros funcionarios?

 

Si es así, abogo por cambiar dicha norma protocolaria, porque nuestros soldados no son más importantes que el resto de funcionarios públicos. Tampoco menos. Simplemente, iguales.

HAY QUE PONER EN SU SITIO A LOS JUECES

HAY QUE PONER EN SU SITIO A LOS JUECES

Lo sucedido esta semana viene a confirmar lo que muchos repiten desde hace años: la justicia española está politizada. Mejor dicho, como el concepto de “justicia española” no me dice nada por sí mismo, prefiero precisar: los jueces españoles, la mayor parte de ellos bastante más de derechas que el conjunto de la sociedad, se dedican a hacer política con sus decisiones.

 

Desde el levantamiento del secreto de sumario del caso Gurtel, pasando por el proceso al juez Garzón y el hecho que la semana próxima se pueda saber qué sucede con el Estatut de Cataluña, no cabe duda de que desde el pasado lunes algunos miembros de la judicatura han sido elementos determinantes de la actualidad política, como ya lo fuera hace unos meses el tal De la Rúa con su vergonzosa exoneración al presidente Camps.

 

No es nada nuevo desde que José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno: demasiados jueces se dedican a intervenir de un modo evidente en el devenir político nacional: algunos lo hacen impidiendo que dos mujeres ejercieran sus derechos ciudadanos; otros, criticando a cada momento por la Ley de contra la Violencia de Género

 

No sé si a esta situación ha contribuido que en seis años de Gobierno hayamos tenido tres ministros del ramo, pero va siendo hora de que quien puede actuar ponga a los jueces donde les corresponde, que es impartiendo justicia y no haciendo política, porque de no hacerlo serán esos mismos jueces quienes nos pongan a nosotros donde ellos pretenden: en la oposición.

RECUERDO INSTITUCIONAL PARA LAS VÍCTIMAS

RECUERDO INSTITUCIONAL PARA LAS VÍCTIMAS

En una fecha que quienes estábamos en Madrid hace justo seis años nunca olvidaremos, traigo aquí por su interés el texto institucional publicado hoy por El País y firmado por Alfredo Pérez Rubalcaba junto con la comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malström:

 

 

11 de marzo: Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del terrorismo

Las efemérides y los actos de homenaje tienen un sentido profundo que va más allá de lo formal, de lo protocolario. Si, además, es la efeméride de un hecho terrible y si el homenaje es a las víctimas de la violencia terrorista, esa percepción adquiere mayor relevancia si cabe. Rememorar lo ocurrido no supone reabrir heridas. Por el contrario, recordar es un acto de respeto, de justicia y de dignidad.

Por eso debemos empezar recordando aquel fatídico 11 de marzo de hace seis años, en 2004, en el que 192 personas fueron asesinadas, y 1.893 resultaron heridas, en Madrid. Un día en que esa ciudad se convirtió en la capital del dolor. Todos sabemos que los terroristas no tienen el más mínimo reparo, ni la menor consideración por la vida humana. Y este desprecio alcanza su máxima expresión, su mayor irracionalidad, en los atentados masivos, como el de Madrid. Los más de dos millares de familias afectadas directamente lo saben bien. Todas ellas continúan tratando de recuperar sus vidas tras el horror.

Aquel 11 de marzo, los terroristas no sólo acabaron con la vida de 192 personas, aquel día nos hirieron a todas las personas de bien. La sinrazón de la barbarie nos atacó a todos. En esos trenes iban ciudadanos de diversos países (49 de las víctimas mortales no eran españolas); perdieron la vida y quedaron heridas personas de distinta condición social, creencias religiosas (no pocos eran musulmanes) e ideología política; eran hombres y mujeres (algunas embarazadas); jóvenes y mayores... Han pasado seis años, pero parece que fue ayer. España y Europa reaccionaron conmovidas e indignadas. Y respondieron de la única manera que podían hacerlo, con unánime solidaridad y con un compromiso común hacia las víctimas y sus familias. Esa solidaridad y ese compromiso de los ciudadanos, de los Gobiernos y de las instituciones europeas se plasmaron en la declaración del 11 de marzo como el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Igualmente, se aprobó la Directiva Europea sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, de diciembre de 2004, que prestaba especial atención a las situaciones transfronterizas. En España, el Estado de derecho también actuó como debía y todos los terroristas fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Los culpables fueron procesados y condenados, están en la cárcel y lo estarán por muchos años.

Nuestro sentimiento común es, sin duda, de solidaridad con las víctimas, una solidaridad incondicional y de corazón. Todas ellas cuentan con nuestro respeto, el del Gobierno de España y el de la Unión Europea y sus instituciones. Y cuentan, también, con nuestro compromiso firme de que no retrocederemos ni un paso hasta acabar con la barbarie terrorista y, lo más importante, de que no dejaremos de hacer todo lo necesario, y más aún, para que las víctimas siempre, y en todos los casos, obtengan reparación y justicia. El recuerdo de esta fecha es parte de la dignificación de las víctimas porque, tal y como afirma Naciones Unidas, forma parte de la reparación integral y tiene tanto valor como la indemnización, el acceso pleno a la justicia, la información y la garantía de no repetición. La nueva Ley de Víctimas, que aprobará España en esta legislatura, igual que las iniciativas europeas que hemos mencionado, va en esa dirección, en la de garantizar mejor la protección integral de todas las víctimas del terrorismo.

Si bien es cierto que los terroristas consiguieron uno de sus objetivos, el de causar dolor, también lo es que no alcanzaron su principal propósito, sembrar el terror generalizado. Al contrario, los europeos, y los españoles en particular, dieron una lección de ciudadanía, de sentido común, de altura de miras y de racionalidad, durante los días y semanas posteriores al atentado; una actitud que no ha cambiado en estos seis años. Si lo que pretendían era que se generalizara un sentimiento antimusulmán o un incremento del racismo y la xenofobia contra el mundo árabe, o el islam, para justificar así sus ataques, debemos afirmar que no lo consiguieron.

Hoy, especialmente hoy, tenemos que afirmar que la Unión Europea mantiene un firme y enérgico compromiso con la seguridad. Un compromiso que, de ningún modo, puede ser ajeno a la defensa de la libertad. Más seguridad, sí, pero con derechos y libertades. Hemos avanzado mucho desde entonces en Europa y en España. Es verdad que la terrible experiencia del 11-M en Madrid, y la del 7-J en Londres, un año después, así como el antecedente del 11-S de 2001, nos ha obligado a permanecer alertas y más comprometidos que nunca con la paz y la seguridad en Europa y en el mundo. El terrorismo internacional, yihadista o islamista, sigue activo, capaz de hacer mucho daño, pero nosotros, los españoles y el conjunto de los europeos, estamos más preparados que nunca para combatirlo; siempre con respeto a la legalidad internacional sobre derechos humanos y a los valores y principios fundamentales del constitucionalismo democrático.

En suma, el valor central que inspira toda nuestra acción, tanto en la represión del terrorismo como en el apoyo a sus víctimas, es el de seguridad integral: una visión, defendida por Naciones Unidas y por la Unión Europea, que no opone seguridad a libertad, sino que considera a la primera como una condición básica para la existencia de la segunda. Y es, precisamente, el recuerdo de las víctimas de aquel 11 de marzo de 2004, y de todas las víctimas del terrorismo, lo que nos da fuerza para no retroceder, ni en la lucha contra el terror, tenga la naturaleza que tenga, ni en el apoyo a las víctimas.

Decíamos al comienzo que recordar es un acto de respeto, un ejercicio de justicia y de dignidad. En el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del terrorismo, es una exigencia moral, un alegato a favor de la decencia y de los valores humanos. Decencia y valores que no poseen los asesinos. Principios que nos imponen la evocación de los que murieron, y el ejercicio continuado de solidaridad con quienes siguen sufriendo las consecuencias de la violencia terrorista. Dedicamos un día al año al recuerdo de las víctimas, de todas las víctimas. Y debemos trabajar el resto de los días del año para que se cumpla la ley y se haga justicia, que es la mejor manera de honrarlas”.

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DEL DIARIO PÚBLICO AL GOBIERNO…

DEL DIARIO PÚBLICO AL GOBIERNO…

Félix Monteira, hasta hoy director del diario Público, será a partir de mañana el nuevo secretario de Estado de Comunicación del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.

 

Quien dijo dejar el diario El País por sentirse menospreciado pese a su condición de fundador del mismo y meses atrás sustituyó a Nacho Escolar en la dirección del periódico que ahora compite con el que otrora fuera referencia de la izquierda, pasará a dirigir la estrategia de comunicación de La Moncloa, últimamente vilipendiada.

 

Más madera para el fuego amigo.

AUNQUE RAJOY SE VISTA DE SEDA...

AUNQUE RAJOY SE VISTA DE SEDA...

Siempre me ha extrañado que ciertos astutos vendedores de camelos saquen fruto personal a la comunicación política, sobre todo porque nunca he entendido que dirigentes de partidos políticos a los que se les supone buen criterio prefieran ponerse en manos de oráculos externos antes que aprovechar su propia experiencia, además de la de sus compañeros.

 

En este sentido, el diario ABC amenaza ahora con cambiarle la cara a Mariano Rajoy, en lo que considera una necesidad (“Ahora o nunca”) para intentar acceder a la Moncloa…

 

Lo más chocante es que si el PP ganase las elecciones en 2012 (factible) y Rajoy hubiese cambiado antes su look (casi imposible), quien lo hubiese recomendado podría vivir de las rentas durante algunos años, por regla general gracias a la facturación de informes de dudosa legalidad a instituciones y empresas públicas y privadas.

 

Eso, aun cuando los estilistas que en esta ocasión asesoran a ABC se olvidan de un hecho en absoluto desconocido para quienes siguen la política: Rajoy lleva barba para esconder unas heridas que afean su rostro desde que en sus años mozos sufrió un accidente de automóvil…

 

Flipante.

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EL REY NO GOBIERNA, PERO REINA

EL REY NO GOBIERNA, PERO REINA

A algunas representantes políticas o gubernamentales parece molestarles el modo en que el Rey, en su natural condición de Jefe del Estado, ha tomado las riendas para intentar lo que cualquiera que no actúe con sectarismo observa como perentoria necesidad de fijar un marco común de actuación con el que sea más fácil afrontar la crisis económica. En realidad es otra forma de acogerse a la manida frase de que “El Rey reina, pero no gobierna”.

 

Por mi lado, siempre tendré claro que en nuestro sistema democrático sucede algo que suena parecido, aunque sea muy diferente: “El Rey no gobierna, pero reina”.

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