SI TODOS SOMOS CULPABLES, NADIE LO ES
El ministro de Educación hizo ayer unas afirmaciones relacionadas con las últimas violaciones protagonizadas por menores de edad que pueden malinterpretarse pese a que sólo parecía querer salir al paso de quienes culpan a los docentes de la supuesta mala educación de los jóvenes, situación de la que él hace copartícipe al conjunto de la sociedad.
Así, Ángel Gabilondo veía necesario “reflexionar a fondo sobre qué ocurre en una sociedad donde menores de edad tienen tan dislocados los valores como para cometer esos atropellos” y reclamaba “interiorizar seriamente qué escala de valores tenemos, qué convicciones, qué modelo de sociedad y qué valores estamos transmitiendo”, pues, a su juicio, “la educación y la sociedad no son dos cosas distintas porque quien educa en realidad es toda la sociedad”.
De este modo, la tesis del ministro parafraseaba el proverbio africano ya recuperado por el filósofo José Antonio Marina: “Para educar a un niño hace falta la tribu entera”
Sin embargo, las palabras de Gabilondo acerca de la “corresponsabilidad” en la educación, en medio de un debate que se presupone polémico, pueden aprovecharlas quienes nunca aceptarán la idea del “libre albedrío” que asume, tanto en el caso de estas repugnantes violaciones como en cualquier otro acto, que cada persona es responsable de sus acciones.
Y no nos engañemos: los responsables de dichas violaciones son los muchachos que las han cometido, y defender otra cosa supone exculparles, siquiera en parte.
Porque la sociedad, se repita lo que se repita, no ha enseñado a delinquir a esos muchachos, resulten o no “imputables” debido a una Ley que no asume que algunos varones (“son siempre chicos los que violan a las chicas”, reconoce el ministro) desean hacerle daño a las mujeres desde que sienten unas pulsiones sexuales que no dependen de los años que haya fijado, con mayor o menor fortuna, el legislador.
Lo que sí puede y debe hacer la sociedad, comenzando por los padres de esos desalmados, es reprobar de forma contundente sus delitos, sin buscar excusas. En este sentido, traigo aquí las palabras del psicólogo y ex defensor del menor Javier Urra, quien participó ayer en el programa La Ventana de la Cadena SER:
“Yo quiero escuchar a los padres de los agresores, quiero escuchar en estos días próximos, si esto se demuestra que es así, si piden perdón públicamente o si, equívocamente, se posicionan como abogados de sus hijos. Eso daría mucha explicación a los que nos acontece en algunos jóvenes de esta sociedad”.
“Nos hemos encontrado, a veces, con padres, de todos los niveles, culturales, profesionales, que al día siguiente te dicen: ¿y no le estarán ustedes dando mucha trascendencia a esto?, o ¿y no será que la chica es un poco…? Claro, con ese tipo de padres que, equívocamente vuelvo a repetir, defienden a sus hijos, entonces tenemos incidencias el día de mañana”.
Porque los padres de los criminales no serán responsables del comportamiento delictivo de sus hijos, pero sí de la respuesta que den a éste, que nunca puede consistir en minimizar lo sucedido; el conjunto de la sociedad, por su parte, no debe dejarse llevar por la natural sensación de pena ante la visión de un menor castigado, salvo que pretenda jugar el papel de comparsa que hace ya más de 30 años nos mostrara de manera brillante Chicho Ibáñez Serrador.
POSDATA 1: Hasta hace no muchos años, eran los elementos “de derechas de toda la vida” quienes malcriaban a sus hijos –de ahí lo de “señoritos”– y los protegían pese a conocer sus barrabasadas, que casi siempre tenían como víctimas a sus criadas o similares gentes “de inferior clase”. Pero de un tiempo a esta parte –nunca acertaré a comprender por qué– ha calado en cierta izquierda cuya ideología parece cogida con pinzas la idea de que sus hijos también pueden ser unos delincuentes…
POSDATA 2: Ante la decisión del PP, tan oportunista como oportuna –lo que funciona mal hay que cambiarlo aunque lo defienda tu rival político–, de promover a partir del mes de septiembre el “endurecimiento” de la conocida como Ley del Menor, cabe señalar que dicha Ley Orgánica fue aprobada en el año 2000 en sede parlamentaria mientras José María Aznar era presidente del Gobierno y que ya fue endurecida en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
POSDATA 3: Alguien nada sospechoso de ser un ultra como el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, ya ha pedido “una reflexión al poder judicial y al político” para que los menores que participan en estos delitos y no pueden ser imputados por su edad reciban algún castigo, aunque sea en el ámbito de la protección. “Es muy triste ver que esos niños inimputables continúan su vida normalmente, sin ningún tipo de medida, y yo creo que esto tiene que hacer reflexionar al poder judicial y también al político”, dijo Chamizo a RNE.
POSDATA 4: El Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que si se considera necesaria una nueva modificación tras la realizada la pasada legislatura, “sería el Parlamento de la nación, quien decidiera si hay lagunas en la ley actual y cómo corregirlas”.
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