Seis días después de conocerse las primeras informaciones acerca del presunto caso de espionaje político organizado por el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid —sin duda con conocimiento de la presidenta Aguirre, porque en otro caso ya lo habría destituido—, no se tienen noticias de que las máximas autoridades judiciales se hayan puesto en marcha y todo parece que quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo fiscal jefe citó como testigo al autor de las informaciones publicadas en El País, Francisco Mercado, y ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que remita “cuanta información tenga”, incluyendo si existe de relación entre Marcos Peña -ex policía nacional fichado en junio de 2008 como asesor de seguridad- y su consejería o algún otro órgano de la Comunidad de Madrid.
Debería evitarse que sean las autoridades judiciales madrileñas las que puedan hacerse cargo del caso, porque no puede esperarse de ellas más que se dediquen a dilatar las investigaciones para acabar cerrándolo “por falta de causa penal”...
En ese sentido, el fiscal jefe, Manuel Moix, salió rápidamente a la palestra para asegurar que él no veía indicios de delito. “Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito”, anticipó cuando se destapó el escándalo. Otro que se apuntó a la teoría de la licitud es el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban: “Podrá ser correcto o no, pero no es delito”.
Qué decir acerca del juez al que le ha tocado por reparto la denuncia que a toda prisa presentó la Comunidad: José Sierra, el miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que dirige la investigación contra clínicas abortistas a las que acusa de abandonar fetos en contenedores y quien, en una bochornosa decisión, reclamó el historial de las mujeres que interrumpieron sus embarazos. Este José Sierra, juez de Instrucción número 47 de Madrid, decidirá si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad porque otro juez no quiso hacerlo, según cuenta ABC, que afirma que la denuncia llegó al Juzgado de Instrucción número 31, de guardia anteayer, cuyo titular remitió el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Dicho Juzgado de Instrucción número 31 es responsabilidad del magistrado-juez Antonio Serrano Arnal y Domper, y de la secretaria judicial María Redondo Vergara, quienes han decidido no pringarse...
Tampoco puede esperarse nada de una hipotética Comisión de Investigación parlamentaria que sólo serviría para acabar dándole la razón, de forma oficial, al PP, por lo que mejor es evitar que llegue a iniciarse. Y es que este es un caso que, aunque pueda haber quien no lo vea así, debería no dilucidarse en el ámbito político.
Porque cometerá un grave error el Partido Socialista de Madrid, y con él el PSOE a nivel federal, si confía en que un asunto de tanta gravedad se resolverá con comparecencias parlamentarias que sólo enmarañarían la cuestión y con las que se podría concluir que la Consejería de Interior pudo cometer alguna infracción administrativa por extralimitación, pero no delitos. Por supuesto, nadie puede esperar que el PP asuma responsabilidades políticas en forma de dimisiones o destituciones. Creer en ello, o insistir en que “Granados debe dimitir”, sólo llevará a repetir los sucesos del verano 2003, cuando el PP le tomó el pelo al PSM y a los ciudadanos durante la (falsa) Comisión de Investigación por el Tamayazo.
Ni siquiera se puede confiar en que la ciudadanía madrileña penalize al PP por estas corruptas actuaciones, porque tampoco lo hizo cuando lo de Tamayo: el madrileño medio sólo montará en cólera contra los populares y exigirá dimisiones y ceses si ex policías y ex guardias civiles responsables de los seguimientos son detenidos y declaran quién les pagaba y por qué, y todo acaba con el procesamiento y posterior condena del consejero Granados o, incluso, de la presidenta Aguirre.
Si todo se circunscribe a una discusión ética o moral sobre si está bien que unos compañeros de partido espíen a otros, o si está bien que lo hagan usando los fondos públicos, o si el máximo dirigente del PP no es capaz de poner orden en su organización, se habrá perdido, otra vez, la oportunidad de poner en su sitio a quienes, sin duda, no sufren porque alguien piense de ellos que son unos sinvergüenzas. ¿Qué más les dará, si no les interesan los madrileños más que para eternizarse en sus puestos y seguir haciendo negocio?
Es probable que el PSOE pueda resultar beneficiado a nivel general si, coincidiendo con las elecciones gallegas y vascas —y las posteriores europeas—, la televisión ofrece el serial de una Comisión de Investigación parlamentaria por la que pasarán ex policías que balbucean y demuestran su inoperancia, además de políticos populares con mucha cara dura, pero eso no servirá para que el PSM saque rendimiento en unas futuras elecciones autonómicas. Si los socialistas madrileños quieren que este escándalo no quede en nada, deben exigir que los ministerios de Justicia e Interior se pongan a trabajar cuanto antes, que materia hay para ello.
P.D.: No soy el único que comparte esta opinión. Esto es lo que puede leerse en el blog “El árbol Socialdemócrata”:
“El PSM y de IU plantean pedir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. No es una buena idea, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué, si ya sabemos lo que pasará? Igual que en el caso del tamayazo, los conservadores se valdrán de su mayoría absoluta para obstaculizar cualquier investigación, volviendo a ser juez y parte. No valdrá una comisión a la que sólo acudirán quien decida la derecha, no valdrá una resolución que será la resolución de los conservadores, no de la verdad.
[...] Queda la justicia, como (supuesto) poder independiente de los otros dos, para investigar, juzgar, y si procede, condenar. Es la justicia quien debe indagar en toda esta trama, y quien tiene la autoridad para exigir las declaraciones oportunas para esclarecer la verdad”.
