MANFIESTO DE LA FeSP ANTE LAS ELECCIONES
Madrid, 26 de octubre de 2011 (comunicado de la FeSP)
Por el respeto a la dignidad de la ciudadanía y a la salud de la democracia.
La FeSP pide a los partidos que reflexionen sobre los asuntos que hipotecan el futuro de nuestra sociedad.
Deben crear órganos independientes que garanticen el derecho constitucional pleno a la información y a la comunicación.
Ante las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, que se celebran en medio de una crisis que está sacudiendo muchos fundamentos de la sociedad, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su preocupación por el sacrificio injustificable al que están siendo sometidos los trabajadores y por el deterioro progresivo de nuestra democracia, como consecuencia de la distancia cada día mayor entre la ciudadanía y sus representantes.
Las razones de esta preocupación son diversas, pero todas coinciden en dos aspectos: el desencanto e incertidumbre de la ciudadanía, y la escasa sensibilidad que muestran ante ello la mayor parte de los partidos políticos que concurren a las elecciones.
Ante esa situación, la FeSP manifiesta:
1º.– Es sumamente preocupante el ataque al derecho a la información de la ciudadanía que representa el anunciado cierre, debilitamiento o privatización de las televisiones públicas autonómicas o locales, por parte del PP. La excusa de que es necesario reducir gastos no se sustenta, porque esa decisión incrementará el importante desempleo que ya existe en el sector y supone olvidar la obligación que tienen todos los gobiernos de explicar sus actuaciones con información veraz, plural e independiente y ajena a los intereses del partido de turno. Además, los medios públicos tienen una rentabilidad social, no económica, y sirven a la democracia cuando funcionan como tales correctamente.
Hay gobiernos y partidos que no cumplen con esa obligación y utilizan los medios de comunicación públicos de manera partidaria y en su provecho, como demuestran al imponer los bloques electorales para informar durante las campañas electorales, según la representación que cada formación logró en los comicios anteriores y no por criterios profesionales que dependan exclusivamente de quienes elaboran los espacios informativos.
Los medios públicos al servicio de la ciudadanía son doblemente necesarios en una sociedad donde la mayoría de los medios privados dan a diario muestras más que evidentes de que solo responden a sus intereses económicos y que no están dispuestos a abrir sus páginas o sus espacios informativos a las inquietudes sociales. Por el contrario, algunos han manifestado de manera expresa que no se sienten obligados a cumplir con su función social, cuando se les ha pedido que no alienten lacras como la prostitución, que no promocionen productos que afectan a la salud y que no difundan programas que rozan lo delictivo y ofenden de manera grosera a personas e instituciones o vulneran sistemáticamente el horario infantil protegido.
2º.– Ante esta situación, que es rechazada por gran parte de la sociedad, ni el Gobierno saliente ni la mayoría de la oposición han tenido el coraje cívico de defender a la ciudadanía, como es su deber, poniendo en marcha mecanismos eficaces que garanticen su derecho a la comunicación y a la información. Por el contrario, han aprobado leyes como la que regula la comunicación audiovisual, pactada con la patronal y sin apenas atender las sugerencias y propuestas de las organizaciones de usuarios, de la FeSP y de los trabajadores de los medios de comunicación, que advirtieron del riesgo que suponen esa y otras normas legales porque abren la puerta exageradamente a la concentración de medios y al monopolio de la información, permitiendo que quede exclusivamente en manos de los intereses económicos.
Un órgano que debe corregir esos excesos, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema) –previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y recomendado por la Unión Europea–, no ha recibido el impulso del Gobierno del PSOE para que empiece a funcionar y está amenazado por el PP, que ha anunciado que si llega a gobernar derogará esa disposición y modificará la citada ley para permitir la privatización de las radiotelevisiones autonómicas o para externalizar sus espacios informativos.
3º.– A esta situación se suma la tremenda precariedad e inseguridad laboral y profesional que sufren los informadores. Una situación dramática que, por un lado, les impide poder defender la veracidad informativa –porque se les niegan las herramientas legales para hacerlo- y, por otro, supone un agravio comparativo frente a otros trabajadores y un fraude continuado de las empresas periodísticas a la Seguridad Social.
Este fraude, que se viene cometiendo desde hace años y que ha sido reiteradamente denunciado por la FeSP, ha sido consentido por el PSOE y el PP, los partidos que han gobernado en España durante las últimas décadas. A veces lo han intentado justificar con pretextos economicistas que casi animan a cometer ese fraude, y otras han argumentado que poner freno a esa situación obligaría a modificar el Estatuto de los Trabajadores y no era el momento de hacerlo; pero después no han tenido reparo alguno en reformar esa norma legal o en soslayar alguna de sus previsiones para satisfacer a la patronal.
Una situación tan alarmante como la descrita se agravará con la decisión del Gobierno socialista y el PP de ‘flexibilizar’ todavía más las posibilidades de contratación, el encadenamiento de contratos temporales o la prolongación de los contratos en prácticas. Ninguna de estas medidas ha dado resultados positivos, por lo que no existen motivos para profundizar en lo que se ha demostrado que es inútil y que sólo sirve para aumentar la precariedad laboral.
4º.– Desde la FeSP observamos con la misma preocupación una progresiva violencia en la actuación de algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad estatales, autonómicas y municipales contra los informadores, demostrando en ocasiones un empeño especial en dificultar su trabajo informativo al servicio de la ciudadanía en vez de facilitarlo. Así ha ocurrido en distintas concentraciones, con actuaciones que han ido desde limitar el espacio donde podían trabajar los informadores, incluso obligándoles a hacerlo desde de zonas lejanas al lugar de los hechos, hasta la agresión directa cuando han sido testigos de actuaciones policiales irregulares.
Estos hechos conducen a una grave conclusión muy desagradable: se está utilizando a esos agentes para privar a la ciudadanía de conocer la verdad de los hechos o para intentar silenciar las protestas ciudadanas. Llama poderosamente la atención que, pese a las reiteradas denuncias de la FeSP y de otras organizaciones de periodistas contra esos comportamientos, las patronales y los propios medios no han exigido a las autoridades que garanticen el derecho de sus trabajadores al libre ejercicio de la profesión.
5º.– Tampoco podemos ser ajenos a la escalada de recortes que se está produciendo en los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Los partidos mayoritarios del Parlamento, con el apoyo de otros, se han sometido a los antojos de los especuladores financieros y han aceptado sacrificar el bienestar social y castigar a los más damnificados por la crisis que ha provocado precisamente esa especulación.
Esas formaciones políticas han sido incapaces de plantear respuestas adecuadas a la insaciable avaricia de lo que denominan falsamente ‘los mercados’, han optado por someterse a fórmulas que salvaguardan la especulación y las han puesto por delante de las necesidades de los ciudadanos como si no hubiera otras alternativas.
6º.– La suma de esa falta de sensibilidad social y la incompetencia política ha llevado al último agravio a la salud democrática, perpetrado desde el Gobierno, con la connivencia del PP y la complicidad de otros partidos: han reformado por sorpresa y con urgencia la Constitución, sin consultar antes a la ciudadanía y sin un debate parlamentario serio y en profundidad, únicamente para obedecer las indicaciones de la Unión Europea.
Esta vulneración de los principios de convivencia democrática es doblemente lacerante porque han introducido en la Carta Magna principios económicos que son rebatibles y rechazados en muchos foros independientes, y que no sirven para garantizar derechos constitucionales fundamentales. Bien al contrario, con esa reforma han blindado fórmulas del ‘mercado’ que limitan la soberanía del Estado y lo someten a los dictados de una nada constitucional ‘mercadocracia’.
7º.– La FeSP considera que la salud de la democracia se alimenta con un cumplimiento impecable de las leyes, pero que eso no es suficiente sino que debe ir acompañado de un imprescindible respeto a las formas de convivencia democrática. La inusitada urgencia con la que ha sido aprobada esa reforma de la Constitución hace que aumente en la ciudadanía la sensación de que la democracia está siendo traicionada en su esencia por muchos de los que están obligados a defenderla y salvaguardarla.
8º.– Por todos esos motivos, ante la próxima celebración de elecciones generales, la Federación de Sindicatos de Periodistas manifiesta:
--los partidos políticos deben hacer una profunda reflexión sobre todos estos asuntos, porque son un lastre que hipoteca el futuro democrático de nuestra sociedad;
--el nuevo Gobierno y los partidos del futuro Parlamento deben crear órganos independientes que garanticen el ejercicio del derecho constitucional a la información y a la comunicación que tiene la ciudadanía, su única y legítima propietaria, y que velen para que los medios de comunicación públicos y privados no busquen únicamente su legítimo interés económico sino que también cumplan la función social que tienen encomendada;
--es necesario que se facilite el desarrollo de los medios comunitarios;
--el nuevo Gobierno y los partidos políticos también deben reflexionar sobre la manera en que están ejerciendo la representación de la ciudadanía porque, más allá de las opiniones sobre una reforma de la Ley Electoral, la mayor agresión a la soberanía del pueblo es la distancia ofensiva que separa a los gobernantes y al Parlamento de los intereses de los ciudadanos que los eligen.
JUNTA EJECUTIVA FEDERAL DE LA FeSP
