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Se muestran los artículos pertenecientes al tema Espío, luego existo.

ESPIONAJE: ¿GAMÓN, GRANADOS... AGUIRRE?

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La investigación judicial sobre el caso de espionaje político en la Comunidad de Madrid avanza y el próximo en ser citado como imputado será Sergio Gamón, quien presuntamente era el jefe operativo de los espías.

 

Veremos si de las declaraciones de Gamón ante la juez no pasamos a una próxima citación, por elevación, del consejero Francisco Granados, donde es probable que acabe el asunto, dado el modo con que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se refirió a quien todavía ostenta las responsabilidades en materia de seguridad en Madrid y a quien no le veo yo mucho tiempo más en el cargo:

 

“Nosotros somos los principales interesados en que se sepa si cualquier persona, empleado de la Comunidad con mayor razón, o no empleado, ha cometido algún acto incorrecto y confiamos plenamente en la justicia, que es la que lo tiene que poner de manifiesto”

 

“Si el que ha cometido la irregularidad es el señor Granados pues lo mismo, pero nada de todo esto se ha puesto de manifiesto. El que lo juzga es el juez, que es quien tendrá que decir qué es lo que ha ocurrido”

31/07/2009 15:00. Franesco #. Espío, luego existo No hay comentarios. Comentar.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (mañanas)

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Ya ha empezado, con más de un mes de retraso, la Comisión de Investigación que entenderá del caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, en un horario y con un formato que indica lo que podemos esperar de ella, prácticamente nada, salvo comprobar el bochornoso espectáculo de que el Partido Popular haga todo lo posible por evitar que se conozca la verdad.

 

Era lo previsto, pero seguro que hay alguna sorpresa: atentos.


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ESPÍAS: HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de anunciar que el PP acepta la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que entienda del espionaje a políticos de su propio partido. Aguirre ha dicho que su objetivo es “dejar totalmente claro” su interés “en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos” y “que se sepa que el Gobierno regional no ha espiado a nadie”.

 

A falta de justicia, habrá espectáculo, probablemente televisivo.

ESPIONAJE POLÍTICO: EL JUEZ VE DELITO

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Al mismo tiempo que el juez que entenderá de la causa del espionaje político en la Comunidad de Madrid —ya no se puede hablar de “presunto”, porque un alto cargo del PP reconoció a Rajoy que él mismo descubrió que había sido espiado, así que ya sólo falta saber quiénes son los culpables— ha visto indicios de delito, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre,  sigue negando su responsabilidad. La Comunidad de Madrid no tiene espías”, ha afirmado.

 

Es probable que a Aguirre le haya traicionado el subconsciente, o acaso esté en lo cierto, ya que quizás lo que quería decir es que la Comunidad de Madrid no tiene espías dignos de ese nombre...

 

Y es que, según explica un lector del diario El País en un comentario (nº 15) en la web del diario madrileño que está sacando a la luz los trapos sucios del PP, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) ofrece dos acepciones para el término “espía”:

 

1. Persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa, para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo.

 

2. Persona al servicio de una potencia extranjera para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar.

 

Como aquí no estamos ante el caso de una potencia extranjera, deberíamos quedarnos con la primera definición, que obliga a que el espía observe y escuche, para comunicar lo que sepa a quien tiene interés en enterarse de algo, “con disimulo y secreto”.

 

Pero como todo lo que han hecho los espías de Granados —¿de Aguirre?— ha sido sin disimulo y sin secreto, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid no hay espías...

 

Lo curioso es que en dicha entrada del DRAE también aparece reflejado el término “agente doble”, que define a quien trabaja de forma simultánea para más de un cliente. ¿Habrá sido el caso? ¿Quienes trabajaban para Granados habrán sacado a la luz los informes con sus prácticas ilegales por indicación de otra de las ramas del PP? En ese caso, la cosa tendría delito...

ESPIONAJE POLÍTICO: AHORA SÍ HAY TOMATE...

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El escándalo del espionaje político practicado desde la Comunidad de Madrid ha dado hoy un salto cualitativo, al reconocer el antiguo tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, que él mismo fue espiado y que avisó de ello al presidente popular.Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva”, confirmó ayer a El País. Es decir, que en contra de lo que dice el yerno de Carlos Fabra, aquí no hay ningún montaje por parte de ningún periodista.

 

¿Al margen de las repercusiones políticas y judiciales de esta confirmación del espionaje —el fiscal está ya obligado a citar como testigo al citado Álvaro Lapuerta—, qué pensarán los militantes del PP de toda España acerca de que se espíe a un compañero que durante siete legislaturas fue diputado en el Congreso, como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas”? ¿Qué pensarán de que su presidente, Mariano Rajoy, conociera el espionaje y no hiciera nada? ¿O sí hizo y la opinión pública no se ha enterado? ¿Tuvo algo que ver la denuncia interna de Álvaro Lapuerta para que dejara de ser tesorero del PP, cargo que ahora ocupa Luis Bárcenas?

MENOS POLÍTICA Y MÁS JUSTICIA

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Seis días después de conocerse las primeras informaciones acerca del presunto caso de espionaje político organizado por el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid —sin duda con conocimiento de la presidenta Aguirre, porque en otro caso ya lo habría destituido—, no se tienen noticias de que las máximas autoridades judiciales se hayan puesto en marcha y todo parece que quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo fiscal jefe citó como testigo al autor de las informaciones publicadas en El País, Francisco Mercado, y ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que remita “cuanta información tenga”, incluyendo si existe de relación entre Marcos Peña -ex policía nacional fichado en junio de 2008 como asesor de seguridad- y su consejería o algún otro órgano de la Comunidad de Madrid.

 

Debería evitarse que sean las autoridades judiciales madrileñas las que puedan hacerse cargo del caso, porque no puede esperarse de ellas más que se dediquen a dilatar las investigaciones para acabar cerrándolo “por falta de causa penal”...

 

En ese sentido, el fiscal jefe, Manuel Moix, salió rápidamente a la palestra para asegurar que él no veía indicios de delito. “Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito”, anticipó cuando se destapó el escándalo. Otro que se apuntó a la teoría de la licitud es el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban: “Podrá ser correcto o no, pero no es delito”.

 

Qué decir acerca del juez al que le ha tocado por reparto la denuncia que a toda prisa presentó la Comunidad: José Sierra, el miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que dirige la investigación contra clínicas abortistas a las que acusa de abandonar fetos en contenedores y quien, en una bochornosa decisión, reclamó el historial de las mujeres que interrumpieron sus embarazos. Este José Sierra, juez de Instrucción número 47 de Madrid, decidirá si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad porque otro juez no quiso hacerlo, según cuenta ABC, que afirma que la denuncia llegó al Juzgado de Instrucción número 31, de guardia anteayer, cuyo titular remitió el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Dicho Juzgado de Instrucción número 31 es responsabilidad del magistrado-juez Antonio Serrano Arnal y Domper, y de la secretaria judicial María Redondo Vergara, quienes han decidido no pringarse...

 

Tampoco puede esperarse nada de una hipotética Comisión de Investigación parlamentaria que sólo serviría para acabar dándole la razón, de forma oficial, al PP, por lo que mejor es evitar que llegue a iniciarse. Y es que este es un caso que, aunque pueda haber quien no lo vea así, debería no dilucidarse en el ámbito político.

 

Porque cometerá un grave error el Partido Socialista de Madrid, y con él el PSOE a nivel federal, si confía en que un asunto de tanta gravedad se resolverá con comparecencias parlamentarias que sólo enmarañarían la cuestión y con las que se podría concluir que la Consejería de Interior pudo cometer alguna infracción administrativa por extralimitación, pero no delitos. Por supuesto, nadie puede esperar que el PP asuma responsabilidades políticas en forma de dimisiones o destituciones. Creer en ello, o insistir en que “Granados debe dimitir”, sólo llevará a repetir los sucesos del verano 2003, cuando el PP le tomó el pelo al PSM y a los ciudadanos durante la (falsa) Comisión de Investigación por el Tamayazo.

 

Ni siquiera se puede confiar en que la ciudadanía madrileña penalize al PP por estas corruptas actuaciones, porque tampoco lo hizo cuando lo de Tamayo: el madrileño medio sólo montará en cólera contra los populares y exigirá dimisiones y ceses si ex policías y ex guardias civiles responsables de los seguimientos son detenidos y declaran quién les pagaba y por qué, y todo acaba con el procesamiento y posterior condena del consejero Granados o, incluso, de la presidenta Aguirre.

 

Si todo se circunscribe a una discusión ética o moral sobre si está bien que unos compañeros de partido espíen a otros, o si está bien que lo hagan usando los fondos públicos, o si el máximo dirigente del PP no es capaz de poner orden en su organización, se habrá perdido, otra vez, la oportunidad de poner en su sitio a quienes, sin duda, no sufren porque alguien piense de ellos que son unos sinvergüenzas. ¿Qué más les dará, si no les interesan los madrileños más que para eternizarse en sus puestos y seguir haciendo negocio?

 

Es probable que el PSOE pueda resultar beneficiado a nivel general si, coincidiendo con las elecciones gallegas y vascas —y las posteriores europeas—, la televisión ofrece el serial de una Comisión de Investigación parlamentaria por la que pasarán ex policías que balbucean y demuestran su inoperancia, además de políticos populares con mucha cara dura, pero eso no servirá para que el PSM saque rendimiento en unas futuras elecciones autonómicas. Si los socialistas madrileños quieren que este escándalo no quede en nada, deben exigir que los ministerios de Justicia e Interior se pongan a trabajar cuanto antes, que materia hay para ello.

 

P.D.: No soy el único que comparte esta opinión. Esto es lo que puede leerse en el blog “El árbol Socialdemócrata”:

 

“El PSM y de IU plantean pedir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. No es una buena idea, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué, si ya sabemos lo que pasará? Igual que en el caso del tamayazo, los conservadores se valdrán de su mayoría absoluta para obstaculizar cualquier investigación, volviendo a ser juez y parte. No valdrá una comisión a la que sólo acudirán quien decida la derecha, no valdrá una resolución que será la resolución de los conservadores, no de la verdad.

 

[...] Queda la justicia, como (supuesto) poder independiente de los otros dos, para investigar, juzgar, y si procede, condenar. Es la justicia quien debe indagar en toda esta trama, y quien tiene la autoridad para exigir las declaraciones oportunas para esclarecer la verdad”.

CASO GRANADOS: TODO EMPEZÓ CON TAMAYO

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No está de más recordar que el tal Francisco Granados, en la actualidad Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario general del Partido Popular de Madrid, sólo era un parlamentario autonómico más —el número 8 de la lista de su formación política—, además de alcalde de Valdemoro con sólo cuatro años de experiencia al frente de su municipio, hasta una fecha concreta: el 10 de junio de 2003, el día en que los hasta entonces socialistas Tamayo y Sáez se ausentaron antes de que diera inicio la votación para elegir al presidente de la cámara autonómica.

 

A partir de entonces comenzó una sorprendente escalada política que sólo Esperanza Aguirre podría explicar...

 

Primero, el 17 de junio de 2003, y pese a que hasta entonces sólo era vocal sin función ejecutiva en el Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid —designado libremente en septiembre de 2002 por el entonces Presidente, Pío García Escudero—, fue nombrado Secretario General del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid; al día siguiente, ya compareció como tal en el programa televisivo El Círculo a primera hora de Telemadrid; y apenas unos días después, el 22 de julio, era nombrado presidente de la Comisión de Investigación sobre el Tamayazo...

 

Tan contenta debió quedar la actual presidenta de Madrid con su actuación en dicha Comisión de Investigación que, repetidas a finales de octubre las elecciones autonómicas y conquistada la Comunidad para el PP, Esperanza Aguirre le nombró consejero de Transportes e Infraestructuras de su Gobierno, cargo que ocupó a partir del 22 de noviembre; al día siguiente, Granados abandonaba la alcaldía de su pueblo, localidad en la que años después algunos desalmados o ex socios enfadados quemaron su vehículo particular, el famoso Mini Cooper que en ese momento, según se aseguró en la prensa, constaba a nombre no de su esposa, como él aseguraba, sino de la constructora Grandes Locales de Negocios, que al parecer se lo había regalado, nadie ha sabido por qué...

 

Justo un año después, el 27 de noviembre de 2004, Aguirre volvió a confiar en él y, tras vencer con candidatura única en el XIII Congreso del PP de Madrid, le convirtió en su número dos al nombrarle secretario general de la organización madrileña, cargo en el que en la actualidad sigue; la cosa no quedó ahí, porque antes de un mes Aguirre remodeló su Gobierno, y su hombre confianza en el partido fue relevado en la Consejería de Transportes e Infraestructuras —por María Dolores de Cospedal— y pasó a ocupar la Consejería de Presidencia del Gobierno regional.

 

Ya en mayo de 2007, el PP volvió a ganar Madrid, en unas elecciones en las que Granados había ascendido hasta el número 3 de la lista, sólo por detrás de Esperanza Aguirre e Ignacio González —ahora presuntamente espiado—, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Comunidad; pero ahí no quedó su ascenso, pues la reelegida presidenta le nombró, en su nuevo Gobierno, Consejero de Presidencia e Interior, sumando a sus atribuciones las competencias que ahora parecen estar en cuestión...

 

Por si no fuera suficiente, un año después, el 26 de junio de 2008, tras la enésima remodelación del Gobierno autonómico, Granados sumó Justicia a sus responsabilidades en Presidencia e Interior, en cumplimiento de la máxima de que no hay mejor investigador que aquel que debe juzgar lo que él mismo investiga; por supuesto, dos meses después, en el XIV Congreso del PP de Madrid, renovó su cargo como secretario general, en el que permanece.

 

¿Quién era Francisco José Granados Lerena en junio de 2003? ¿Quién es en enero de 2009? ¿A quién le debe su meteórica carrera política? Además de a Esperanza Aguirre, sin duda, a Eduardo Tamayo...

CASO GRANADOS: ¿ACTUARÁ EL FISCAL?

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No soy es especialista en Derecho, pero da la impresión de que el espionaje presuntamente organizado por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid ya debiera haber supuesto la apertura de una investigación desde las máximas instancias judiciales nacionales. Y es que los hipotéticos delitos cometidos por dicho grupo parapolicial no se han llevado a cabo sólo en Madrid, pues se ha informado de que al vicepresidente de la Comunidad le sometieron a seguimiento en Venezuela y Sudáfrica, entre otros muchos sitios.

 

Urge, por tanto, que no sean los jueces y fiscales de Madrid quienes conozcan del asunto y que el Fiscal General del Estado actúe cuanto antes.

 

Entre otras cosas, hay que evitar que puedan destruirse pruebas y no estaría de más que un juez autorizase escuchas y seguimientos —estos, sí, legales— a los implicados, desde los ex policías y ex guardias civiles que están trabajando para la Consejería de Interior de la CAM hasta el propio consejero Granados.

 

Creo que este asunto va a dar para varios y sucesivos post...



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